NUEVO ENFOQUE DE LAS POLITICAS SOCIALES EN AMERICA LATINA

 

 

Introducción:

 

En la actualidad, la política social estatal experimenta una revalorización y una reorientación. La orientación a grupos - meta y la lucha contra la pobreza por un lado y la privatización, la desregulación y la descentralización, por otro, son las nuevas directivas de la acción en política social. Hoy en día, tal y como han sido puestas en práctica, difícilmente están en condiciones de eliminar las causas estructurales de la pobreza.

 

Es una realidad apabullante que más del 40 % de la población latinoamericana vive en condiciones de pobreza, muchos de ellos de pobreza extrema; esta realidad es intolerable, por mas que se quiera soslayar.

 

Los tiempos actuales presentan a los países de la región muchas posibilidades para atacar frontalmente la pobreza, mediante políticas sociales, bajo un nuevo enfoque, bajo un nuevo paradigma que incorpore nuevas teorías, leyes, categorías y conceptos.

 

La política social seguida en nuestro país, basada en un modelo de estado, denominado, Estado de Bienestar Social, por sus limitaciones estrictas del gasto público orientado a crear y fortalecer lazos de dependencia de la población para con el Estado, significó, graves efectos en los servicios sociales y en el sistema estatal de seguridad social.

 

Por un lado, la crisis social se extendió para una gran parte de la población, y por otro, no se pudieron establecer procesos de crecimiento económico sostenido del país, sino por el contrario, desencadenó un proceso permanente de crisis recurrentes en nuestra economía, esto es, que en la mayoría de los casos, los gastos públicos destinados a servicios sociales retrocedieron considerablemente en valores absolutos durante los años 80.

 

También, disminuyó la participación relativa de los gastos sociales en los presupuestos estatales. En este sentido, el sistema de seguridad social, el sistema de salud pública y el de educación, los cuales deben ser vistos como los elementos fundamentales para el logro del desarrollo social, se vieron seriamente afectados, augurándose un futuro nada halagüeño para lograr la justicia social, pretendida, bajo el modelo del estado Benefactor.

 

Durante este período, se redujeron drásticamente los gastos dedicados a mantenimiento de nuevas inversiones y equipos; en algunos países estos gastos cayeron hasta un 70 %, con lo que se deterioró considerablemente la calidad de los servicios sociales, especialmente en el área de educación y salud pública. También se ahorró con los servicios públicos, y especialmente con los docentes y trabajadores del área de la salud cuyos salarios fueron drásticamente reducidos o “ahorrados” mediante despidos.[1]

 

Ante este panorama de crisis social y empobrecimiento de gran parte de la población, le corresponde a la política social un papel clave para contrarrestar las consecuencias negativas de los actuales programas de ajuste estructural.

 

Desde tiempos atrás, los organismos internacionales se han pronunciado por ajustes estructurales más humanitarios, tal y como la UNICEF, lo planteó en su declaración de 1987, donde se proteja a los más débiles en lugar de imponerles la carga más pesada del ajuste.

 

También, hoy día, en el debate sobre “financiación del desarrollo”, se le está adjudicando de nuevo una importancia a la llamada democracia social, como condición básica y factor estabilizador de los regímenes democráticos, como se ha planteado en los debates de la cumbre de la ONU, celebrada en Monterrey en marzo de 2002, y que culminó con la salida de Fidel Castro de las conversaciones, tal vez por ser uno de los últimos “dictadores” de América Latina

 

El efecto político-económico, potencialmente desestabilizador, de la marginación social ha llevado al Banco Mundial (BM) y a los bancos de desarrollo regionales a otorgar un mayor significado a la problemática social en ese marco del ajuste estructural: “Para la consolidación democrática y la estabilidad política es indispensable establecer las condiciones que profundizan y acrecientan la solidaridad y el equilibrio social. Sólo en un clima de estabilidad social y política será posible atraer inversiones orientadas a largo plazo... La lógica inherente de una economía de mercado abierta sugiere que las reformas sociales en lugar de ser una magnitud adicional son una condición indispensable para la eficacia económica y la estabilidad”.[2]

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en su reunión anual de 1993, celebrada en Hamburgo, que para ese año pretendía adjudicar el 50 % de sus créditos a programas sociales, en comparación con el 27 % en 1992.

 

Queda por resolver, sin embargo, qué tipo de política social puede ser la adecuada para conciliar conceptualmente y en la práctica los cambios estructurales necesarios y la estabilidad social de cada uno de los países.

 

Para la identificación de las estrategias debemos de diferenciar, entre dos tipos de pobreza: la estructural y la nueva. Por pobreza estructural se entiende los sectores marginados de la sociedad que permanecen tradicionalmente excluidos del circuito formal de la economía a causa de una estructura de producción estructuralmente heterogénea, y que sólo tienen un acceso limitado e insuficiente a las ofertas de empleo y educación. La pobreza nueva abarca a los grupos sociales que fueron expulsados, a consecuencias de la crisis económica y de la política de ajuste estructural; es decir, trabajadores y empleados que fueron despedidos de las empresas públicas o privadas y del servicio público, jóvenes desocupados, pensionados y personas jubiladas prematuramente.

 

El BM, en su política de ajuste estructural, considera en gran parte a la pobreza como un fenómeno transitorio que puede prevenirse con medidas de corto plazo. Sigue apegado a su pensamiento neoliberal, el cual presupone que las fuerzas libres del mercado conjuntamente con un crecimiento económico continuo darán lugar casi automáticamente al bienestar social, es decir que con un ajuste estructural exitoso los que fueron socialmente excluidos volverán a integrarse al circuito económico.

 

En los 90 el BM también ha reforzado el desarrollo de estrategias para la lucha contra la pobreza (1990-1991), pero se le ha criticado el que esas estrategias sigan subordinadas al ajuste estructural económico y que en esencia queden reducidas a medidas sociales “amortiguadoras” y de corto plazo, que sólo pueden producir un pasajero financiamiento compensatorio de los costos sociales del ajuste, pero no una red de seguridad duradera, potenciándose así, las bases para las crisis recurrentes de los países como el nuestro.

 

En lo que constituye una ampliación del concepto del BM, el BID, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboró una reforma social para América Latina que se apoya con mayor fuerza, no sólo en programas de compensación y ayuda a corto plazo y en diversos servicios públicos y privados, sino también en la integración de la política económica y la política social y en la creación de puestos de trabajo. Al Estado se le asigna nuevamente una importante función reguladora.[3] Finalmente, la escuela neoestructuralista de CEPAL abogó por reformas sociales estructurales que se espera produzcan oportunidades de educación y ocupaciones productivas para los desfavorecidos, y sobre todo, estén orientadas a la eliminación de la pobreza estructural a largo plazo.[4] El proyecto de CEPAL presupone la necesidad de un Estado intervencionista, tanto en el área económica como social.

 

La crisis financiera reciente de México( léase RESCATE BANCARIO) y las deficiencias de los sistemas tradicionales de seguridad social ( crisis financiera del IMSS), cada vez más criticados en los últimos tiempos, han despertado el debate sobre si éstos, en la forma en que operan actualmente, son adecuados para contener la crisis social. El sistema estatal de servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los diversos países latinoamericanos. Se puede encontrar una combinación de los sistemas clásicos de seguridad social de previsión de enfermedades, vejez e invalidez, y sistemas de seguridad social de orientación universalista, por ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pública.

 

En todos los países existen sistemas privados de previsión además de los sistemas públicos de servicios sociales. México, Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen los sistemas de seguridad social más extensamente desarrollados.. Al menos formalmente, la población de ese grupo de países está amparada en un 70 al 100 % por ese sistema. En el extremo opuesto se encuentran países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Bolivia, en donde apenas un máximo del 20 % la población está protegido por sistemas públicos de seguridad social.

 

La critica principal al sistema estatal de seguridad social apunta a que éste excluya casi por completo a los más desfavorecidos de la sociedad, los marginales, desempleados, trabajadores del sector informal, campesinos sin tierras, trabajadores domésticos, etc., y por el contrario le favorece a los que, en comparación, son ya, “privilegiados”, tales como la clase trabajadora urbana, los empleados públicos, la clase media, etc.

 

El número de los que están excluidos del sistema público (y del privado) de seguridad social es correlativo por lo general con el tamaño del sector informal, es decir con los que de cualquier modo están excluidos de la sociedad. Estos tienen que depender de las instituciones gratuitas, por ejemplo para la previsión sanitaria y de educación implementada en nuestro país a través de PROGRESA y de IMSS-SOLIDARIDAD. Además del desnivel social, existe también un desnivel entre la ciudad y el campo. En Colombia, Ecuador y Perú, por ejemplo, del 64 al 84 % de los empleados del área de la energía, del 40 al 45 % de los trabajadores de la industria procesadora, pero sólo el 5 % de los trabajadores del campo reciben cuidados médicos a través del sistema de seguridad social.[5]

 

En lugar de contribuir a una mayor justicia en la distribución, el sistema estatal de seguridad social reproduce la estructura social extremadamente desigual y la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas.

 

Además de esto, la aspiración universalista del sistema de servicios sociales no ha estado a la altura de las realidades de la desigualdad social, es decir, la exclusión real de una gran parte de la población del sistema de seguridad social. El desempleo creciente y la informalización del trabajo, a consecuencia de la crisis económica eterna y del ajuste estructural “propuesto” por los organismos financieros internacionales, se han agudizado en los últimos años. De esa manera no sólo se redujo el número de los trabajadores amparados por el sistema de seguridad social, sino también el número de los que cotizan, lo que profundizó aún más la crisis financiera de ese sistema.

 

La crisis económica y la crisis presupuestal estatal, los recortes presupuestarios con arreglo a las medidas de ajuste estructural, las elevadas tasas de inflación, las explosiones de gastos en el sector de la salud (entre otros), la disminución de las cotizaciones debido al aumento del desempleo y a la caída de los salarios reales, los atrasos en el pago de cuotas e impuestos, la corrupción y una creciente incapacidad de pago por parte del Estado debido a las elevadas  exigencias del servicio de la deuda, han colocado ya a todo el sistema estatal de servicios sociales en crecientes dificultades financieras.

 

Una situación que hace aún más crítica la situación es el creciente proceso de depauperación de las clases medias, que han hecho aumentar también la demanda de servicios en el sistema público y gratuito de asistencia social, que no se financia con cotizaciones, sino exclusivamente con subvenciones del estado. Los elevados costos administrativos, una organización sumamente centralizada y la fragmentación institucional, así como también una coordinación interinstitucional deficiente han favorecido además un aprovechamiento infructuoso de los escasos recursos y con ello el despilfarro de los mismos. Además la organización jerárquica y la centralización han bloqueado una orientación más acentuada de los servicios sociales hacia las necesidades de los afectados. Crítica que en nuestro país se le puede hacer al caso de PROGRESA, que en la mayoría de los casos ha hecho que el “ caldo” resulte ser mas caro que las “albóndigas”.

 

4.2.-Propuestas:

 

Las mencionadas críticas a las deficiencias de la política social tradicional, unidas a la creciente pobreza, han desencadenado en América Latina un debate sobre estrategias político-sociales universalistas o selectivas; es decir, dirigidas a toda la población  o a grupos meta determinados.

 

Los que abogan por una política social universalista, que incluya a todos los sectores de la población, utilizan el argumento de la responsabilidad social que tiene el Estado de garantizar el acceso a la educación, la salud, la alimentación, vivienda y asistencia en la vejez a todos los ciudadanos. Una orientación de la política social del Estado enfocada exclusivamente en grupos-meta determinados acarrea injusticias sociales pues excluye a otros grupos contiguos; por ejemplo, en el caso de una estrategia orientada a los pobres se excluiría a la clase media empobrecida.[6]  Las arcas públicas vacías, los costos crecientes de una universalización del sistema social existente, así como la necesidad de intervenciones de mayor alcance para luchar contra la pobreza, han convertido hoy las estrategias orientadas a grupos-meta en la tendencia predominante de política social estatal. Por una parte se recurre al argumento de políticas prácticas de que la escasez de recursos financieros exige la concentración de los medios disponibles en los sectores más necesitados de la sociedad. Por otra parte, la concentración en agrupaciones específicas respondería también a la necesidad de una nueva orientación que se extiende a los sectores más pobres de la sociedad, que hasta ahora no han sido amparados por los sistemas tradicionales de seguridad social.[7]

 

En México, las áreas tradicionales de la política social, como son los sistemas de salud y educación públicas, de inspiración universalista, gratuitos para los menos privilegiados y, al menos de acuerdo con la ley, accesibles para todos los ciudadanos, perdieron su aspiración universalista en los últimos años debido a su “decadencia” progresiva. Cosa que ha quedado manifiesta, en las discusiones dadas en la UNAM, en torno a la elevación o no de las cuotas por un lado y por el otro, la aparición de las AFORES y la posible privatización del IMSS

 

Un enfoque de la política social más centrado en los grupos empobrecidos de la población como grupos-meta permite por lo menos considerar las desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de redistribución, vía una nueva orientación de la política asistencial que bajo la connotación autonómica genere las condiciones necesarias para el tránsito de mejores niveles de bienestar social, vía participación directa de estos grupos-meta en el diseño de las políticas sociales.

 

Sin embargo los problemas de asistencia social estatal dirigidos a los pobres (construcción de viviendas de interés social, programas alimentarios, etc.) tampoco son ninguna novedad en la región; en diversos países existen desde los años 60 o 70  (México, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, etc.). Igualmente los programas de desarrollo orientados a los pobres y el fomento de grupos de autoayuda a través de organizaciones de asistencia social extranjeras no gubernamentales pueden ser evaluados también como una forma de políticas sociales selectiva y enfocada en la población pobre como grupo-meta. Sin embargo, en casi todos estos casos, lo que han generado y perpetuado son los lazos de dependencia, mas que fortalecer la autonomía de las comunidades en su propia responsabilidad como generadores de su propio desarrollo.

 

Lo que sí es nuevo es la estrecha vinculación de las estrategias orientadas a grupos-meta con la política económica de ajuste estructural y su supeditación funcional a esa política. En este sentido, por lo general, las estrategias político-sociales selectivas para la lucha contra la pobreza son evaluadas como compensaciones sociales a un ajuste estructural considerado como necesario, es decir, combinar la asistencia social con la seguridad social

 

El BM y el BID facilitan recursos adicionales para las medidas sociales de amortiguación destinadas a aliviar la pobreza. Según el BM la política social del Estado debe concentrarse principalmente en programas de asistencia social o “amortiguación” dirigidos a los pobres, mientras que el sistema estatal de seguridad social, así como el sistema educativo y el de salud pública, podrían ser privatizados en gran medida.

 

En los años 80 y principios de los 90 se implementaron una serie de programas de asistencia social y fondos sociales de inversión en diversos países de América Latina. Aquí se incluye diferentes programas financiados con dineros del presupuesto estatal, tales como construcciones de viviendas, planes de emergencia para combatir el desempleo, programas alimentarios, programas de patrocinio de grupos de autoayuda e iniciativas comunales en los barrios pobres o de las microempresas del sector informal, pero también el establecimiento de los Fondos de Inversión Social financiado por el BM. Que en nuestro país, perecen estar de moda nuevamente, mediante convocatorias en donde participen las ONG´S, mediante concursos previa elaboración de proyectos sociales productivos.

 

Los Fondos de Inversión Social (FIS) constituyen la parte esencial de la estrategia político-social a los pobres, recomendada por el BM como compensación de los “costos” sociales de la política de ajuste estructural en Latinoamérica. Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez en Bolivia, en 1985, por recomendación del BM. También han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Perú, Uruguay y Venezuela.[8]. Para el caso de México recuérdense las famosas COCINAS POPULARES.

 

En cada uno de estos países, se asumieron dichos programas con particularidades diversas, sin embargo, podemos distinguir en ellos varios puntos en común entre los diversos FIS.

 

Con pocas excepciones los programas sociales de los Fondos se aplican como medidas de corto plazo y proyectos sociales de emergencia, para amortiguar las injusticias sociales durante la fase de estabilización y ajuste de la economía. En conformidad con su concepto de ajuste estructural, el BM parte de que esos fondos llegarán a ser superfluos en cuanto se inicie el crecimiento económico, como consecuencia del éxito del ajuste, que integra de nuevo a la población empobrecida en el ciclo de producción.

 

Por consiguiente, las medidas de promoción político-social de los fondos se concentran mayoritariamente en aquellos grupos que se empobrecieron y quedaron fuera de la política social del Estado a consecuencia de los programas de ajuste económico. Los fondos sociales patrocinan además instituciones sociales públicas y descentralizadas que funcionen en las comunidades o municipios.

 

Se ha criticado el concepto caritativo de asistencia social (de emergencia) que subyace en los Fondos. Ese concepto no sería adecuado para erradicar la pobreza estructural que nace de la distribución desigual de la renta y de las estructuras predominantes de producción y poder. Los Fondos servirán más bien para compensar una política que agudiza aún más la concentración de la renta.[9]. Las Cocinas Populares, sirvieron para que algunos restauranteros, ampliaran sus negocios y otros mas se iniciaran en el, pero de forma privada.

 

Otro objetivo declarado de diversos Fondos es el fortalecimiento de la capacidad de autoayuda de los grupos empobrecidos de la población y, más allá de eso, el favorecimiento de una descentralización de la política social. Así pues, los fondos sociales tienen también una función promotora, pues impulsan actividades locales concebidas por las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de iniciativa social, conjuntamente con una función innovadora, pues financian proyectos alternativos y proyectos piloto de los grupos de autoayuda.[10]

 

Casi todos los FIS tienen prioridades programáticas en las que predominan las siguientes medidas de corto plazo: programas de emergencia para suministrar empleos en la construcción o mantenimiento de infraestructuras sociales y económicas (calles, instalaciones sanitarias, etc.), y programas de asistencia social como, por ejemplo, programas de alimentación, programas productivos (promoción de microempresas del sector informal, pequeños créditos, educación, ayuda a los pequeños campesinos). Pero en la mayoría de los fondos esta última área, dirigida a reformas estructurales de largo plazo, representa sólo una fracción de los medios disponibles otorgados. La concentración de las inversiones en infraestructuras y trabajos de mantenimientos significa que los recursos de los fondos se canalizan en un área de los gastos sociales del Estado que experimentó recortes particularmente drásticos en los años 80. es decir, sirvieron para compensar la disminución del gasto público en esas áreas, pero sin variar su orientación.

 

Esos recortes se sintieron en la desigualdad y en la exclusión, en sectores como la mujer, los niños, minorías étnicas, marginados urbanos. Por otro lado, están las manifestaciones más violentas de la pobreza, el desempleo que se está generalizando a nivel mundial.

 

Para la puesta en marcha de sus programas los fondos se apoyan frecuentemente en organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan ya en el área social, en empresas privadas y en las comunidades. Pero el procedimiento de solicitudes para la adjudicación de recursos favorece a aquellos grupos y ONGs que ya tienen experiencia en la formulación y ejecución de proyectos, y establece una estructura mediadora (formada por ONGs) entre el Estado y los grupos-meta pobres que también se benefician financieramente de los fondos.

 

El BID en los noventa marca el nuevo camino conocido como “La agenda social del Banco”, que tiene por objetivo la reducción de la pobreza regional:

 

Desarrollo urbano: Donde se apoyó el mejoramiento del suministro de servicios urbanos básicos así como programas de reforma del sector vivienda y las políticas de descentralización fiscal y fortalecimiento municipal;

 

Educación: Prioriza la calidad de la educación y el aumento de la eficiencia con el financiamiento de proyectos de mejora de la educación básica, tratando de esa manera adecuar la oferta de servicios a la demanda de los sectores productivos;

 

Ciencia y tecnología: El financiamiento se orientó a apoyar a los países a enfrentar los desafíos que trae consigo las medidas de liberalización de sus economías;

 

Salud: Se ha buscado apoyar a programas que mejoren tanto las condiciones de salud -especialmente de la población de bajo ingreso- así como la eficiencia operativa del sector. Se han reforzado las acciones de los programas preventivos de salud pública y apoyando los procesos de descentralización de servicios y desarrollo gerencial;

 

Fondos sociales: orientados a grupos específicos para financiar proyectos que alivien los costos sociales derivados de los ajustes económicos.[11]

 

La crisis en América latina ha puesto en evidencia el imperativo de un desarrollo no sólo económico, sino también social. Esto, ha hecho que los programas económicos de ajuste estructural del BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI), sean acompañados ahora de programas sociales compensatorios.

 

En este contexto, la política social estatal no sólo experimenta una revalorización, sino también una reorientación. La orientación a grupos-meta y la lucha contra la pobreza por un lado, y la desregulación y la descentralización, por otro.

 

Sin embargo, difícilmente, esas políticas sociales están en condiciones de eliminar las causas estructurales de la pobreza; antes bien siguen supeditadas a las exigencias del ajuste estructural económico y sirven más bien para aliviar la pobreza a corto plazo y amortiguar los costos sociales de los programas de ajuste. Además, la política de descentralización y privatización, vinculada con los drásticos recortes de gastos públicos en el área social, han acelerado el debilitamiento y decadencia de los servicios sociales, en detrimento de los grupos más necesitados de la población que son los que soportan en forma desproporcionada los costos del ajuste.

 

Se puede observar una tendencia a la desnacionalización de la política social, que plantea el problema de una futura responsabilidad social del Estado nacional y una nueva responsabilidad de los Estados Supranacionales. Por otra parte, las medidas de política social puestas en práctica para superar la crisis permiten notar también la falla de una orientación sólida en reformas estructurales sociales, por ejemplo, en la redistribución del ingreso, o en las reformas agrarias implementadas, con el objetivo de una mayor equidad distributiva y la creación de empleos productivos. Tales reformas estructurales entran en contradicción con la política ortodoxa  de ajuste estructural, que ha aumentado todavía más la concentración del ingreso y la propiedad de la tierra. En México, las reformas hechas al artículo 27 constitucional, condujeron a una mayor concentración de la tierra y a una depauperización creciente de los ejidatarios.

 

Los impuestos para un desarrollo social que tenga como meta la equidad en la distribución de los ingresos ha surgido sobre todo de las múltiples organizaciones de la sociedad civil: los movimientos sociales, los grupos de autoayuda, las organizaciones no gubernamentales; dichas organizaciones ha construido estructuras de solidaridad y autoayuda mediante las cuales pueden articular intereses sociales ante el estado, pero también llevan a la práctica sus propios programas sociales para luchar contra la pobreza.

 

Las ONGs, en especial, han adquirido una importancia creciente en la ejecución de programas sociales y están comenzando a remplazar la política social del Estado, sobre todo a nivel de las comunidades o municipios, dándose una redefinición de las funciones del estado, de la sociedad y de la familia.

 

Si las ONGs pueden aprovechar ese incremento también político de su importancia para la ejecución de las reformas estructurales sociales, o si a causa de él perderán su potencial para el cambio social, es algo que aún no está definido.

 

Es menester superar los problemas que no se lograron solucionar en la década anterior, asumiendo una conciencia nueva, que nos permita no solo sobrevivir en el corto plazo, sino además de ello, vivir plenamente en el largo plazo. Porque ya está probado que la política social implementada en las décadas precedentes, en muchos aspectos postergó y a veces empeoró la situación social.

 

En las últimas décadas, la sociedad y los estados han redescubierto el tema social en sus nuevas dimensiones: agravamiento en algunos casos de la problemática social, o nuevos problemas sociales particulares, como los nuevos pobres, o tema que, en todo caso, es producto de los ajustes económicos que están ocurriendo.

 

La política social aparece, con mucha más visibilidad, con nuevas aristas, nuevos enfoques, nuevos roles, nuevos actores. Es decir, la misma problemática, pero con nuevas tramas y nuevos actores, así tenemos, sociedades, grupos sociales postergados, excluidos, que comienzan a hacerse presentes, como los fenómenos de Chiapas, la equidad de sexos, etc, marcan que hay un activismo social que no se puede desconocer, que los estados nacionales y supranacionales no pueden desconocer.

 

Tal vez no sea gratuito, que el tema cumbre de la ONU, sea hoy, “ la financiación del desarrollo”

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, México, enero de 2003

Marco Antonio Rodríguez Camacho

BIBLIOGRAFIA

BID- Progreso económico y social en América Latina. Washington, D.C. 1985.

BID/PNUD- Reforma social y pobreza. Washington. Nueva York. 1993.

Bustelo, Eduardo S.- Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en América Latina. Hacia un enfoque alternati­vo. Fondo Económico de Cultura. Bogotá. 1987.

Bustelo, Eduardo S. - Isuani, E. A.- El ajuste en su laberinto, fondos sociales y políticas sociales en América Latina. Documento de Trabajo 5. Centro Interdisciplinado para el

CEPAL- Crisis y desarrollo en América Latina y el Cari­be. Santiago. 1985.

ILPES- Seminario Internacional sobre Fondos de Inversión Social. LC/IP/G/55. Santiago. 1991.

El BID prioriza inversiones sociales. Tercera Epoca Año I. Nº 42. Enero/Febrero 1994.

Salama, Pierre- El regreso de América latina a los mercados financieros. La fragilidad de las nuevas políticas económicas. En Quantum. Vol. 1. Montevideo. 1993.

UNICEF- Hacia un enfoque más amplio en la política de ajuste: ajuste con crecimiento y una dimensión humana. En Seminario sobre Políticas de Ajuste y los Grupos más Vulnerables en América Latina. 2/1986.

 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos

PROGRESA, Gobierno Federal de los estados Unidos Mexicanos

Rodríguez, Marco Antonio, et al; ponencia presentada en el 50 Congreso AMETS, Guadalajara, México,2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, México, 2003

Marco Antonio Rodríguez Camacho